Dr. Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Espero que la gratuidad financie de manera real los costos de la docencia”

Dr. Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Espero que la gratuidad financie de manera real los costos de la docencia”

Con la misma vehemencia que defiende el derecho a la vida y enjuicia la despenalización del aborto en tres causales (prefiere hablar más bien de “legalización”), el Decano de la Escuela de Medicina de la UC y Rector de esa Casa de Estudios Superiores por dos periodos consecutivos, critica el proyecto de ley de reforma a la educación superior en lo que se refiere a calidad, financiamiento, autonomía universitaria, regulación del sistema y gratuidad. Por este último concepto, en 2016 su institución tuvo un déficit de 1.700 millones de pesos, detrimento económico que para 2017 sería cercano a los 2.000 millones de pesos.  De igual modo, analiza los desafíos que enfrentan las universidades a futuro como también la compleja situación originada entre el G9 y el Consejo de Rectores por “acuerdos incumplidos” en la ley de presupuesto, provocando con ello un quiebre de confianzas que esperan revertir.                                                   

                                                                                                                                Por Vicky Abarca
                                                                                                                                Fotos Roberto de la Fuente

Médico cirujano y pediatra de la Universidad Católica, especialista en enfermedades respiratorias del niño de la Universidad de Manitoba, en Canadá, el Dr. Sánchez es aficionado a coleccionar citronetas en miniatura, que exhibe orgulloso en su oficina. Y para salir a pasear los fines de semana, lo hace en un modelo del año 79, color naranja, descapotable, “que no está a la venta” y en la que ha llevado a dos de sus hijas el día que se casaron.

Se ha desempeñado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica como Jefe de la Sección Respiratorio Pediátrico y del Servicio de Pediatría. En la Escuela de Medicina, ocupó los cargos de Jefe del Departamento de Pediatría y Director de la Escuela de Medicina desde 2004. En 2015 asumió el segundo período al mando de la rectoría de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

¿Cuáles son sus principales críticas al proyecto de ley de reforma educacional y, en específico, las relativas a la educación superior?

Desde mi punto de vista, los principales aspectos que son necesarios mejorar son siete ejes muy claros:

Primero, tener una adecuada definición de lo que es lo público. El proyecto de ley describe a las universidades estatales y a las privadas, hace esa separación, y también tiene una  mirada muy pro estatal en el sentido que pareciera que sólo lo estatal se preocupa  del bien público, y eso claramente no es así. Tengo una crítica muy dura y clara sobre esto porque en nuestro país, en educación superior, hay instituciones públicas que no le pertenecen al Estado -la Universidad de Concepción, esta universidad, la Universidad Austral y otras- que desde lo público han trabajado desde hace más de 100 años y han colaborado de manera muy estrecha con las instituciones estatales en formar profesionales, en crear conocimiento, en investigación, en aporte cultural, etc. Este punto es clave, porque desde allí se pueden ir viendo cómo se toman las decisiones hacia abajo. Definir lo público como estatal y definir los proyectos educacionales que se preocupan de lo público, independiente de la propiedad.

El segundo aspecto tiene que ver con resguardar la autonomía universitaria. Las universidades tienen que ser instituciones que se deban a sí mismas, que sean autónomas, que no respondan a intereses externos y que aseguren la libertad académica de sus profesores. Una universidad no puede estar dependiendo del Estado para fijar sus currículos o cupos de sus alumnos o fijar las líneas de investigación que realiza.

En tercer lugar, el proyecto de ley no desarrolla en forma apropiada el tema de la calidad que, finalmente, es lo más importante: cómo queremos entregar un proyecto de calidad para las nuevas generaciones. Y calidad significa preocuparse de estándares internacionales en la formación de los profesores, en los procesos de selección de los alumnos, los currículos, el desarrollo de la infraestructura, la inversión en laboratorios, los procedimientos internos.

Cuarto lugar, regulación del sistema. No cabe duda de que en Chile desde el año 81, cuando fue la última reforma de ley de educación superior, se ha desarrollado un sistema bastante desordenado, poco regulado, y eso ha dado pie para algunos excesos, como la Universidad del Mar y otros. Todos estamos de acuerdo en que debe haber una reforma y uno de los elementos tiene que ser con un mejor ordenamiento a través de una Subsecretaría o a través de una Superintendencia, pero nos parece que el proyecto de ley excede las atribuciones de esta regulación y pasa a ser un proyecto que, más que regular, lo controla todo. Por eso se ha hablado de un proyecto  con control estatista extremo, donde el Estado va a querer -según el proyecto- fijar normas en admisión, en los currículos, y fijar normas muy intensas y sobreprotectoras en el tema de la Superintendencia.  Tiene que haber una regulación sana que ordene pero que deje libertad de trabajo.

El quinto punto, si bien es cierto que en Chile se está discutiendo una ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a nosotros nos parece que una ley de educación superior no debiera obviar todo lo que es el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la innovación y generación de conocimientos.  En Chile, el 95% del conocimiento se desarrolla en las universidades y no podría haber una ley para avanzar en la educación superior si no nos tomamos muy en serio ese aspecto.

Sexto lugar, énfasis en apoyar universidades regionales y la formación técnico-profesional, y en ambas el proyecto de ley es muy débil. Pensamos que el país tiene que tener una arquitectura de   educación  superior a lo largo de su territorio, con una educación universitaria de calidad, pero una educación técnico-profesional también de gran calidad.

Séptimo, el financiamiento. Este tema hay que analizarlo en dos aspectos. Primero,  el financiamiento de los estudiantes y segundo, el financiamiento de las instituciones para generar conocimiento, investigar, entregar bienes públicos, culturales, científicos, sociales al país.  Hasta hace algunos años,  el financiamiento era a través de becas, créditos y pago de aranceles. El actual gobierno introdujo el tema de la gratuidad, principalmente enfocado en el grupo más vulnerable. En principio el mensaje fue gratuidad universal y después se dieron cuenta el costo que ello significaba. Una buena noticia de este año es que se incorpora la educación técnico-profesional, porque allí está la población más vulnerable.

Lamentablemente el año pasado y éste, por segunda vez, la implementación de la gratuidad adolece de problemas bien significativos porque comienza desfinanciada.  No solamente esta institución, sino que cerca de 10 instituciones que están en gratuidad hoy día tienen déficit de financiamiento. Los costos superan el financiamiento estatal. La gratuidad es una buena noticia para el estudiante que no puede pagar, pero es una noticia que puede ser muy compleja para las instituciones en el largo plazo. Instituciones como la nuestra pueden sortear temas financieros uno o dos años, pero cuando los temas financieros obedecen a falta de presupuesto o desfinanciamiento, la respuesta será adaptarse a ese financiamiento a costa de la calidad. Entonces sería una muy mala señal que al final el resumen fuera que debido a que se implementó la gratuidad, la calidad de la educación superior en el país disminuyó. Eso no debiera ser así.

En cuanto al financiamiento de las instituciones, tradicionalmente en los últimos 35 años, las instituciones agrupadas en el Consejo de Rectores han tenido un aporte basal o aporte fiscal directo (AFD) que permite financiar la investigación y el trabajo de los profesores que va más allá de su labor docente.  Junto con ese aporte basal ha habido aportes concursables en ciertos temas. El proyecto de ley en su primera propuesta planteaba suspender los aportes basales y dejar los aportes concursables.  Nos parecía que era muy mala noticia, porque las instituciones universitarias necesitan  tener presupuestos estables y no se puede tener una inestabilidad presupuestaria año a año. Planteamos que se mantengan los fondos basales, pero con una evaluación de los resultados, y que se incremente el fondo concursable para investigación, ciencia, arte, creación. Al parecer el gobierno está entendiendo que eso debe ser así y estaría mandando una indicación que mantiene el fondo basal y pone recursos para tener un fondo concursable que permita el desarrollo de creación artística e investigación en grupos de trabajo establecidos.

DECISIÓN

¿Qué confianza tiene que estas modificaciones se incorporen al proyecto de ley de reforma de educación superior si el Presupuesto 2018 de la Nación se presenta en septiembre de este año?

Este mes (marzo) el Gobierno tiene que tomar una decisión sobre cuáles son los aspectos que focaliza o prioriza, porque si quiere pasar una ley muy amplia -como es el proyecto- no habrá tiempo.  Si quiere focalizar sus esfuerzos sólo en algunos temas y dejar para después otros, creo que será posible, pero eso tiene que ver con una decisión política. Y la misma Ministra (de Educación) ha dicho que es la Presidenta de la República quien va a tomar la decisión.

Si quisiéramos tener un proyecto aprobado antes del próximo Presupuesto pienso que es bastante tarde, porque todos los parlamentarios han hablado que un proyecto de ley de educación superior requeriría cerca de un año de discusión.

¿De qué manera afecta a su universidad la decisión del Gobierno de no incluir fondos para el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) en el Presupuesto 2017? ¿De qué montos estamos hablando?

El AFI tenía que ver con un monto que el Estado entregaba a las instituciones que captaban los mejores estudiantes, y en 2016 ese fondo se redujo a la mitad  y este año lo suprimió. Es de público conocimiento que nuestra universidad interpuso una demanda en enero de este año por no cumplimiento de la ley en la entrega de estos recursos. Intentamos que se entendiera que estos fondos se entregan hace más de 30 años y están en el  presupuesto de las instituciones. El Estado entregó a gran parte de las universidades del G9 estos fondos y la institución que, por lejos, salió más perjudicada fue la nuestra con $1.700 millones de déficit.  Por tanto, al no ver una posible vía de solución, nos vimos obligados a hacer esta demanda. A principios de marzo, el Gobierno nos pidió tener un receso de 60 días en esta demanda para conversar y acercar posiciones. En el fondo significa que reconoce que aquí hay un tema pendiente con la universidad y tendrá que ver si lo tiene con otras instituciones.

¿A qué atribuye que el proyecto de ley a la reforma de la educación superior no considere la contribución que las instituciones tradicionales han hecho por años al país?

Hay una mirada muy parcial de lo que significa el aporte público. No me caben dudas de que varias instituciones estatales de regiones requieren mayores fondos para mejorar en su calidad, pero me parece que sólo centrar ese apoyo en una institución estatal no es ser consecuente con la mirada de la comunidad. Esta institución, fundada hace 130 años, es una corporación de derecho público que está al servicio de todo Chile. La presencia internacional y la calidad de las instituciones del G9 son muy notables. Nueve instituciones forman, investigan, crean conocimiento, publican, etc., un 50% de la productividad del Consejo de Rectores y las universidades estatales el otro 50%. Son dos referentes muy potentes. G9 se destaca por tener instituciones de gran calidad. Hay 6 que  están dentro de las 10 mejores instituciones del país; hay 2 o 3 instituciones en Chile que tienen  presencia en ránkings internacionales. Con toda esta calidad que es sinérgica, sumatoria, llama la atención que las autoridades de gobierno no quieran segregar, separar y focalizar su apoyo en un grupo, cuando lo que debiera hacer es evaluar cuáles son las necesidades y potencialidades de cada uno de los referentes y -de acuerdo a ello- darles el apoyo necesario, pero no con un criterio de propiedad sino que con un criterio de aporte social.

EQUIDAD

Usted ha manifestado que no cree que la gratuidad universal sea la mejor alternativa. ¿Cuál es entonces la opción más viable?

Creo que nuestro país tiene que tener un análisis bien claro del aporte a entregar a sus estudiantes más vulnerables, cómo se implementa y cuál es el límite que se pone: ¿50%, 60%? Luego habrá otro segmento, hasta el  80% o 90% que tendría el apoyo de crédito con un sistema de devolución atingente al ingreso, más flexible, con bajas tasas de interés, con responsabilidad del egresado de  cancelar sus créditos para que otros puedan tener acceso a esos fondos. Y por lo tanto, entender que en un país donde la gran mayoría tiene sueldos bajos, tenemos que apoyar a las familias para que sus hijos estudien.

¿Qué ejes deben orientar la gratuidad para que tenga un verdadero sentido de equidad?

Dos ejes principales. Uno, que se focalice en los que más lo requieren, independiente que estén estudiando en universidades o en centros de formación técnica. Me parece muy importante poner criterios de calidad a las instituciones para que aquellas de buena calidad  reciban apoyo y que los estudiantes de buen talento elijan las mejores, pero tiene  que basarse en las necesidades del estudiante. Y en segundo lugar, en todas las decisiones que se tomen en la gratuidad tiene que estar presente el eje de la calidad.

¿Esta universidad a cuántos alumnos otorgó gratuidad el 2017 y qué inversión significó?

En 2016 llegó a 3.800 alumnos y en 2017 los números aún no están definidos, pero va a llegar a cerca de 4.000-4.100. Vamos a tener un incremento, porque los estudiantes de primer y segundo año que están en gratuidad son más que los que están en tercero y cuarto. El déficit que tuvimos el año pasado fueron $1.700 millones. Pensamos que el déficit de este año es cercano a los $2.000 millones, y esto es porque los costos que paga la gratuidad son insuficientes en relación a los verdaderos costos de la universidad.

¿Y de qué manera piensan revertir este déficit?    

El déficit por gratuidad que se presentó en 2016 y este año, hasta ahora se ha cubierto con ahorros internos de la universidad y con postergaciones de inversiones del plan de infraestructura de la UC. Es muy grave si esta situación se mantiene, ya que afectaría de manera seria la calidad de los proyectos educacionales de esta institución y de la mayor parte del sistema de educación superior del país. Espero que la gratuidad financie de manera real los costos de la docencia. Este es un desafío.

¿Cómo siguen las confianzas entre el G9 y el Consejo de Rectores (CRUCH) luego de la ausencia en bloque del G9 en la reunión anual de Arica realizada en enero de este año?

Ahí ha habido un tema complejo. Efectivamente la palabra es confianza, cumplir la palabra, cumplir los acuerdos. En la ley de presupuesto sentimos que se quebró la confianza al haber llegado a acuerdo sobre el planteamiento que le hacíamos al Gobierno y -finalmente- ver cómo las universidades estatales rompieron ese acuerdo y tomaron otras definiciones sin siquiera habernos informado. Ante ello manifestamos nuestra molestia, tuvimos declaraciones bastante agresivas y, por lo tanto, no fuimos a la reunión de Arica, porque encontramos que no estaban dadas las condiciones para ir a una reunión en donde el Consejo tomara acuerdos y después no se cumplieran. Obviamente que entendemos que el Consejo de Rectores tiene más de 60 años y debiera superar los problemas que se presentan por situaciones más coyunturales. Por lo tanto, tenemos la mejor voluntad de retomar las conversaciones. Algo ya existió a fines de enero y se propuso que los primeros días de marzo se volviera a conversar y se viera si es que vamos a tener una reunión conjunta hacia fines de marzo.

¿Cuáles son los puntos en los que existe discrepancia?

Son fundamentalmente dos. El primero, cómo se define lo público y segundo, cómo se respeta a las instituciones estatales y éstas respetan a las instituciones no estatales de función pública y, por ende, en esa definición de lo público, vamos a tener como consecuencia aportes y recursos. Cuando las universidades estatales piensan que las únicas que tienen que tener mayor aporte son ellas y no las demás del Consejo de Rectores se produce una tensión importante. Hemos dicho que nadie discute que las universidades estatales no deban ser beneficiadas y potenciadas en su desarrollo, pero ese apoyo no debe ser a expensas de… o no debe dañar a las otras instituciones y, como los recursos son limitados hay que tener bastante dedicación y preocupación en esa distribución.


DESAFÍOS

¿Cuáles, son a su parecer, los desafíos que enfrenta la educación superior en nuestro país?

Los principales desafíos que requiere la educación superior en Chile son avanzar en calidad, resguardar la autonomía de las instituciones, aumentar la oportunidad de educación para los jóvenes, botar barreras de dificultades socioeconómicas y educativas, y requiere -a través de un financiamiento apropiado- potenciar la investigación y creación de conocimiento que se desarrolla en estas instituciones.

Y dentro de esos desafíos, ¿qué rol les compete en general a los académicos como educadores y formadores de nuevas generaciones de profesionales?

Eso es clave, porque una universidad depende de la calidad de sus estudiantes, de la calidad de sus profesores y de la entrega y dedicación de su equipo administrativo, y como toda institución de educación el valor del ejemplo es bien importante. Los profesores son claves para atraer buenos estudiantes y ellos van donde hay buenos profesores. Y es clave la enseñanza, no sólo los contenidos y conocimientos, sino que los valores, la ética y actitudes que, muy frecuentemente, nuestros estudiantes reciben de los profesores.

Lo voy a llevar a su rol de médico. Existe la idea generalizada de que los médicos chilenos no quieren trabajar en el sistema  público de salud. ¿Usted comparte esa visión?

No. La verdad es que esta institución forma cerca de 600 especialistas y más de 400 de ellos están comprometidos y se van a ir al sistema público.  Creo que hay mucho interés en trabajar en el sistema público, pero la pregunta es cómo el sistema público se adapta para ofrecerles oportunidad de desarrollo a esos médicos, tanto a nivel ambulatorio como de especialidades.  Conozco muchos médicos que van con gran entusiasmo, pero al corto andar se produce una cierta desazón. Nuestra universidad y muchas otras pueden contar con la vocación de servicio público de muchos médicos, pero después de muchos años eso se va minando por la falta de oportunidades. Así es que creo que lo que hay que hacer es mirar de manera muy crítica donde están los nudos y las áreas de mejora para re encantar a esos médicos.

FORMACIÓN  

¿A qué atribuye que un gran porcentaje de médicos extranjeros reprueben el Eunacom?

Hay que decir que son los médicos que se han formado en el extranjero, porque hay bastantes médicos chilenos que se forman en el extranjero y que no lo aprueban. Esto puede hablar del  nivel de formación de las universidades donde ellos se formaron en el extranjero y de que hay médicos que se formaron hace muchos años y pasaron largo tiempo sin práctica profesional y después dan una prueba sin la adecuada formación o preparación. Lo que es real es que los médicos que se forman en Chile más del 95% de ellos aprueban el examen. Entre los médicos que se forman en el extranjero, hay un porcentaje muy alto que reprueba y hay algunos que lo reprueban varias veces. Entonces, tenemos que crear los canales de entrenamiento y capacitación de esos equipos humanos que quieren trabajar, pero si no logran demostrar las competencias y conocimientos, la verdad es que es peligroso para nuestra población que médicos trabajen sin tener cierta demostración de competencias mínimas. Todo país que quiera velar por el cuidado de sus pacientes es muy lícito que tenga pruebas de conocimientos globales y básicos para que todo el que quiera ejercer en Chile deba aprobarlas.

Por lo general, la gente se queja de la poca empatía que existe entre médico y paciente. ¿Se está al debe en esa relación? Y en ese sentido,  ¿qué responsabilidad les cabe a las universidades formadoras de estos profesionales?

En la medida en que el desarrollo científico-tecnológico y que la rapidez en el manejo médico aumenta, se va perdiendo espacio en darles tiempo a los pacientes que, finalmente, es lo que necesitan y valoran. Establecer una relación personal, dar la confianza, crear los espacios para que la persona se abra y muestre su historia forman parte de los primeros elementos de la buena medicina, y el paciente se va a sentir bien en la medida que sienta que le importa al médico que lo está escuchando y va a valorar el tiempo que el medico está destinando a entender su dolencia. El problema es que hay poco tiempo de asignación de consulta y  un exceso de utilización de exámenes de laboratorio. Creo que la clave es destinar más tiempo, focalizar la atención y demostrar genuinamente al paciente que lo que interesa es atenderlo y poder entender su dolencia.

En otro tema, ¿cómo definiría usted los alcances del proyecto de ley que permite despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales?

He sido siempre muy claro. Me parece que la vida es el primer derecho humano que hay que proteger y la respuesta de la sociedad no tiene que afectar la vida de seres inocentes. El proyecto de ley de despenalización del aborto lo que está haciendo es -más que despenalizarlo- legalizarlo. En la primera causal -peligro para la vida de la mujer- hoy día el arte médico habla de proteger la vida de la madre y si su vida está en riego tomar todas las medidas que eso requiera para proteger su vida. Si secundariamente hay una afectación del niño, ello no se llama aborto, porque el aborto es una acción dirigida a eliminar una vida y no un efecto indeseado de un tratamiento de la madre.

En la segunda causal -enfermedad grave del niño- debemos darle acompañamiento, confort y ayuda psicológica-médica a la madre que tiene un niño con una formación letal que sabe que será incompatible posteriormente al nacer. He tenido la experiencia de poder acompañar como pediatra a algunas familias y la verdad es que es una situación muy dolorosa, pero que con un adecuado acompañamiento permite un cierre, un duelo que es respetuoso por la vida humana y que respeta la dignidad del niño que está por nacer.

Y la tercera causal, por supuesto que una violación es un acto brutal y muy deplorable cuando además producto de ese acto hay un embarazo, pero la pregunta es ¿vamos a cometer otro acto agresivo y atentatorio contra la vida como es eliminar a un ser inocente y que tal cual la madre es también inocente de lo que está pasando?

En las tres causales la respuesta no es la eliminación de una criatura inocente. La respuesta es apoyar a una madre que está sufriendo, que en las tres causales hay una madre que requiere apoyo de las políticas públicas, del sistema público de salud y que la respuesta no es la eliminación de su niño. Tenemos que apoyar a este niño que tiene vida desde el momento de la concepción, y pensamos que los esfuerzos de la sociedad tienen que ser para proteger la vida y no para eliminarla. Por lo mismo, he estado siempre en desacuerdo y creo que las nomenclaturas no son menores y cuando uno quiere legalizar algo  mejor poner legalización más que despenalización.

¿Cuál es su postura frente al acuerdo de unión civil entre  parejas del mismo sexo?

Tengo el mayor respeto por el sentimiento y la diversidad sexual de cada persona y me parece que, a través del acuerdo de unión civil, se han podido canalizar derechos legales de personas de distintos sexos y del mismo sexo que se quieren. Hoy día sabemos que cerca de dos tercios de las personas que han optado por este acuerdo son de distinto sexo y un tercio son del mismo sexo. Y si para ellos ha significado una mejoría en términos legales y patrimoniales es positivo para que se fortalezca esa unión. Sé que hay demandas de otro tipo y que el matrimonio debiera reservarse para un hombre y una mujer, pero ese es un tema que, probablemente, seguirá debatiéndose los próximos años.

 

 

 

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